Transparencia y Buen Gobierno, Protección de Datos, Igualdad, Violencia de Género, Derechos LGTBI, Discapacidad y Dependencia (AGE C1/C2)

Síntesis rigurosa por objetivos de los temas transversales de derechos ciudadanos y políticas públicas de ingreso libre en el Cuerpo General Auxiliar (C2, Bloque I Temas 7, 12 y 16 y Bloque II Tema 1) y en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1, Bloque I Tema 7, Bloque II Temas 1 y 4 y Bloque III Tema 7) según la convocatoria BOE-A-2025-26262, actualizada a noviembre de 2026.

Qué debes dominar en el examen

• Distinguir el ámbito subjetivo, los bloques de publicidad activa, las causas de inadmisión, los límites, los plazos y la reclamación ante el CTBG en la Ley 19/2013 (LTAIBG), así como el régimen sancionador de Buen Gobierno (Título II).
• Dominar los principios (art. 5 RGPD), bases de licitud (art. 6 RGPD), categorías especiales (art. 9 RGPD y art. 9 LOPDGDD), derechos de los afectados (arts. 15–22 RGPD), figuras del responsable, encargado, DPD y AEPD, y las reglas sobre bloqueo (art. 32 LOPDGDD) y publicación de actos administrativos (DA 7.ª LOPDGDD).
• Precisar los conceptos e instrumentos de la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad (y la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria) y las medidas integrales y derechos de las empleadas públicas en la Ley Orgánica 1/2004 contra la Violencia de Género.
• Diferenciar las definiciones y garantías de la Ley 15/2022 (igualdad de trato y no discriminación) y de la Ley 4/2023 (derechos LGTBI y rectificación registral).
• Aplicar la reforma de 2024 del artículo 49 CE, el RDL 1/2013 y el RD 366/2007 sobre discapacidad y atención accesible al ciudadano, junto con los grados, órganos, catálogo de servicios y prestaciones económicas de la Ley 39/2006 (LAPAD).

1. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (Ley 19/2013)

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre (LTAIBG), se estructura en un Título Preliminar y tres Títulos:

• Título I (Transparencia de la actividad pública): vincula en su totalidad (publicidad activa y derecho de acceso) a todas las Administraciones Públicas, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas (>50 %), fundaciones del sector público y órganos constitucionales en sus actividades sujetas a Derecho administrativo (art. 2). En cambio, los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 € —o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tenga carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo 5.000 €— están sujetos únicamente a las obligaciones de publicidad activa del Capítulo II (art. 3).
• Publicidad activa (arts. 5 a 11): obliga a difundir de forma periódica, actualizada, accesible, gratuita y reutilizable en el Portal de la Transparencia (art. 10) tres bloques de información: 1) institucional, organizativa y de planificación (art. 6); 2) de relevancia jurídica (directrices, anteproyectos de ley, proyectos de reglamentos y memorias de análisis de impacto normativo, art. 7); y 3) económica, presupuestaria y estadística (todos los contratos, convenios, encomiendas de gestión, subvenciones, presupuestos, cuentas anuales y retribuciones e indemnizaciones de altos cargos, art. 8).
• Derecho de acceso a la información pública (arts. 12 a 24): titularizado por todas las personas sin necesidad de motivar la solicitud (art. 17.3). Puede limitarse motivadamente por los doce bienes jurídicos del art. 14 (seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, prevención/investigación de delitos, igualdad de las partes en procesos judiciales, vigilancia/inspección, intereses económicos y comerciales, política económica y monetaria, secreto profesional y propiedad intelectual/industrial, garantía de confidencialidad en la toma de decisiones y protección del medio ambiente) y por la protección de datos personales (art. 15: consentimiento expreso y escrito para ideología, afiliación sindical, religión o creencias; consentimiento expreso para salud, origen racial o vida sexual; acceso general para datos meramente identificativos de la organización/actividad pública; y ponderación razonada en los demás casos, salvo disociación).

Fase o trámite en la Ley 19/2013 (LTAIBG)	Plazo legal y efectos	Precepto legal
Subsanación de solicitud imprecisa	10 días para concretar la información solicitada (suspende el plazo máximo para resolver; si no lo hace, se le tiene por desistido)	Art. 19.2 Ley 19/2013
Audiencia a terceros afectados	15 días para formular alegaciones (suspende el plazo para resolver hasta recibir alegaciones o transcurrir el plazo)	Art. 19.3 Ley 19/2013
Resolución y notificación de la solicitud	1 mes desde la recepción por el órgano competente, ampliable por otro mes más por volumen o complejidad. Silencio negativo (desestimatorio)	Art. 20.1 y 20.4 Ley 19/2013
Formalización del acceso	En el momento de la notificación o en un plazo no superior a 10 días (si hubo oposición de tercero, se espera a que venza el plazo de recurso o se resuelva)	Art. 22.1 y 22.2 Ley 19/2013
Reclamación ante el CTBG	Potestativa y previa al contencioso-administrativo: interposición en 1 mes; plazo máximo para resolver y notificar de 3 meses (silencio desestimatorio)	Art. 24 Ley 19/2013

Las cinco causas de inadmisión tasadas en el art. 18.1 son: a) información en curso de elaboración o publicación general; b) información de carácter auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones, comunicaciones e informes internos); c) información cuya divulgación requiera una acción previa de reelaboración; d) dirigida a un órgano en cuyo poder no obre cuando se desconozca el competente; y e) solicitudes manifiestamente repetitivas o abusivas no justificadas con la finalidad de transparencia.

El Título II (Buen Gobierno, arts. 25 a 32) se aplica a los miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y altos cargos, tipificando infracciones en materia de conflicto de intereses, gestión económico-presupuestaria y disciplinarias, con sanciones que incluyen la publicación en el BOE, la destitución, la pérdida de pensión indemnizatoria y la inhabilitación para ocupar cargos similares entre 5 y 10 años (art. 30). El Título III (arts. 33 a 40) regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), autoridad independiente estructurada en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y su Presidente (nombrado por Real Decreto por 5 años no renovables, previo refrendo de la Comisión del Congreso por mayoría absoluta).

2. Protección de Datos Personales y Derechos Digitales (RGPD UE 2016/679 y LO 3/2018 LOPDGDD)

El Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), articulan la tutela del derecho fundamental a la protección de datos (art. 18.4 CE):

• Principios del tratamiento (art. 5 RGPD): licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización de datos; exactitud; limitación del plazo de conservación; e integridad y confidencialidad, cerrados por el principio de responsabilidad proactiva (accountability, art. 5.2 y 24 RGPD).
• Licitud y edad del consentimiento (art. 6 RGPD y art. 7 LOPDGDD): el tratamiento requiere una de las 6 bases del art. 6.1 RGPD (consentimiento, contrato, obligación legal, intereses vitales, misión en interés público o ejercicio de poderes públicos, o interés legítimo —este último excluido para las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones—). En España, el menor puede prestar consentimiento válido por sí mismo a partir de los 14 años (art. 7.1 LOPDGDD). Para las categorías especiales de datos (art. 9 RGPD), el art. 9.2 LOPDGDD exige norma con rango de ley cuando se amparen en interés público esencial o salud pública.
• Derechos del interesado (arts. 12 a 22 RGPD y 11 a 18 LOPDGDD): la información al afectado puede facilitarse por capas (art. 11 LOPDGDD: la primera capa básica incluye identidad del responsable, finalidad y posibilidad de ejercer los derechos). Los derechos ARSOPL (Acceso, Rectificación, Supresión/Olvido, Oposición, Portabilidad y Limitación del tratamiento, más el derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas del art. 22 RGPD) deben atenderse en el plazo máximo de 1 mes, prorrogable por 2 meses más por complejidad o número de solicitudes informando al interesado dentro del primer mes (art. 12.3 RGPD).
• Obligaciones proactivas, DPD, brechas y régimen público: cuando proceda rectificar o suprimir datos, el responsable debe proceder a su bloqueo (art. 32 LOPDGDD) durante el plazo de prescripción de las acciones. En publicaciones de actos administrativos y notificaciones por anuncios (DA 7.ª LOPDGDD), se identifica al interesado con su nombre y apellidos y cuatro cifras numéricas aleatorias de su DNI/NIE (posiciones 4.ª a 7.ª según la AEPD), prohibiéndose publicar conjuntamente nombre completo y DNI íntegro. Las violaciones de seguridad se notifican a la AEPD en un máximo de 72 horas (art. 33 RGPD) y al interesado sin dilación si entrañan alto riesgo (art. 34 RGPD). El Delegado de Protección de Datos (DPD) es obligatorio en todas las autoridades y organismos públicos salvo los tribunales en función jurisdiccional (art. 37.1.a RGPD y art. 34 LOPDGDD). Ante infracciones cometidas por Administraciones Públicas, el art. 77 LOPDGDD sustituye la multa pecuniaria por una resolución de apercibimiento con medidas correctoras. El Título X de la LOPDGDD (arts. 79 a 97) consagra la Carta de Derechos Digitales (desconexión digital laboral art. 88, intimidad frente a videovigilancia y geolocalización arts. 89–90, olvido en buscadores y redes sociales arts. 93–94 y testamento digital art. 96).

3. Políticas de Igualdad, Violencia de Género, Igualdad de Trato y Derechos LGTBI

El bloque de igualdad y no discriminación integra cuatro leyes fundamentales cuyo contraste sistemático es pregunta habitual en C1 y C2:

Norma reguladora	Conceptos y definiciones clave	Órganos e instrumentos administrativos	Medidas de empleo público, laboral y procesal
LO 3/2007 (Igualdad efectiva de mujeres y hombres) y LO 2/2024 (Paridad)	Discriminación directa e indirecta (art. 6), acoso sexual y acoso por razón de sexo (art. 7), acciones positivas (art. 11), transversalidad (art. 15) y presencia equilibrada 40 %–60 % (DA 1.ª y LO 2/2024)	Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (art. 17), Informe de Impacto de Género (art. 19), Comisión Interministerial (art. 76), Unidades de Igualdad en cada Ministerio (art. 77), Consejo de Participación de la Mujer (art. 78) e Instituto de las Mujeres	Inversión de la carga de la prueba (art. 13, salvo procesos penales), Planes de Igualdad obligatorios en empresas de 50 o más personas trabajadoras (art. 45), paridad en órganos directivos de la AGE y tribunales selectivos (art. 51–53 y LO 2/2024)
LO 1/2004 (Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género)	Violencia ejercida sobre las mujeres por quienes sean o hayan sido sus cónyuges o ligados por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia, incluida la violencia vicaria sobre menores (art. 1)	Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (art. 29, rango de Dirección General) y Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (art. 30, órgano colegiado interministerial); Juzgados/Secciones de Violencia sobre la Mujer (art. 43)	Acreditación administrativa por sentencia, orden de protección, informe del Fiscal o informe de servicios sociales/especializados (art. 23); justicia gratuita inmediata (art. 20); ayuda de pago único si rentas <75 % SMI (art. 27); en TREBEP: reducción/reordenación horaria (49.d), movilidad por traslado forzoso (82.1) y excedencia con reserva 6–18 meses y 2 meses retribuidos (89.5)
Ley 15/2022 (Igualdad de trato y no discriminación)	Discriminación directa, indirecta, por asociación, por error, múltiple e interseccional, acoso discriminatorio, inducción y denegación de ajustes razonables (arts. 4–6); incluye enfermedad o condición de salud y situación socioeconómica (art. 2)	Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (Título III, arts. 40–45) y Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato	Nulidad de pleno derecho de disposiciones o cláusulas discriminatorias (art. 26), inversión de la carga de la prueba (art. 30) y régimen de infracciones leves (1 año), graves (18 meses) y muy graves (2 años) (arts. 46–52)
Ley 4/2023 (Igualdad real y efectiva de las personas trans y garantía de los derechos LGTBI)	Libre determinación de la identidad de género, prohibición de terapias de conversión (art. 17) y prohibición de modificación genital en menores de 12 años intersexuales salvo indicación médica (art. 19)	Consejo de Participación de las Personas LGTBI y Estrategia Estatal LGTBI	Empresas de más de 50 personas trabajadoras: medidas planificadas y protocolo frente al acoso LGTBI pactados por negociación colectiva (art. 15 y RD 1026/2024). Rectificación registral de sexo (arts. 43–46): desde 16 años por sí misma; de 14 a 16 asistida por representantes legales; de 12 a 14 por autorización judicial, con doble comparecencia en máx. 3 meses

4. Discapacidad, Atención al Público y Dependencia (Art. 49 CE, RDL 1/2013, RD 366/2007 y Ley 39/2006 LAPAD)

Tras la reforma del artículo 49 de la Constitución de 15 de febrero de 2024 (en vigor el 17/02/2024, BOE-A-2024-3099), la norma fundamental consagra que las personas con discapacidad ejercen los derechos del Título I en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, ordenando a los poderes públicos impulsar políticas que garanticen su plena autonomía personal e inclusión social en entornos universalmente accesibles y atendiendo particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.

El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad (RDL 1/2013, de 29 de noviembre) atribuye la condición legal de persona con discapacidad a quienes tengan reconocido un grado igual o superior al 33 % (art. 4.2), define la accesibilidad universal (incluida la accesibilidad cognitiva y lectura fácil tras la Ley 6/2022), el diseño universal y los ajustes razonables (art. 2), e impone a las empresas públicas y privadas de 50 o más trabajadores una cuota de reserva de al menos el 2 % (art. 42), mientras que en el empleo público el art. 59 del TREBEP exige reservar en las Ofertas de Empleo Público un cupo no inferior al 7 % de las vacantes (al menos el 2 % para discapacidad intelectual y el 5 % restante para cualquier otro tipo de discapacidad). En las Oficinas de Atención al Ciudadano de la AGE, el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, exige ubicación accesible (preferentemente a nivel de la vía pública), señalización visual, acústica y táctil (Braille y altorrelieve), mostradores adaptados, sistemas de bucle de inducción magnética para usuarios de audífonos, lengua de signos y apoyo a la comunicación oral (Ley 27/2007), accesibilidad documental y asistencia personal en la cumplimentación de impresos, completado en el entorno digital por el Real Decreto 1112/2018.

Por último, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) configura un derecho subjetivo de ciudadanía articulado a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD):

• Requisitos de titularidad (art. 5 LAPAD): encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos y residir en territorio español habiéndolo hecho durante 5 años, de los cuales 2 deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud (en menores de 5 años el requisito se exige a quien ejerza su guarda y custodia).
• Órganos y niveles de protección (arts. 7 a 10 y 41 LAPAD): el SAAD es vertebrado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD (art. 8) y cuenta con cuatro órganos consultivos (Comité Consultivo del SAAD, Consejo Estatal de Personas Mayores, Consejo Nacional de la Discapacidad y Consejo Estatal de ONG de Acción Social, art. 41). Se financia en tres niveles: 1) nivel mínimo garantizado por la AGE según grado (art. 9); 2) nivel acordado entre la AGE y cada CA mediante convenios (art. 10); y 3) nivel adicional establecido por cada CA con cargo a sus presupuestos (art. 7.3), junto con el copago según capacidad económica del beneficiario (art. 33).
• Grados de dependencia (art. 26 LAPAD): Grado I (Dependencia moderada, 25–49 puntos BVD): necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria (ABVD) al menos una vez al día; Grado II (Dependencia severa, 50–74 puntos): necesita ayuda para realizar varias ABVD dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador; Grado III (Gran dependencia, 75–100 puntos): necesita ayuda varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona.
• Catálogo de servicios y prestaciones económicas (arts. 14 a 29 LAPAD): los servicios del Catálogo (prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche, y atención residencial, art. 15) tienen carácter prioritario sobre las prestaciones económicas (art. 14.2). Cuando no sea posible la atención mediante servicio público o concertado, proceden las tres prestaciones económicas: 1) vinculada al servicio (art. 17); 2) para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales (art. 18, carácter excepcional); y 3) de asistencia personal (art. 19, para todos los grados). El procedimiento se inicia a instancia de parte ante la CA, concluye con la resolución de grado y el Programa Individual de Atención (PIA), y tiene un plazo máximo de resolución de 6 meses (DA 1.ª RD 1050/2013).

Recuerdo activo rápido (bloques clave del temario oficial)

Responde mentalmente antes de desplegar cada tarjeta de verificación normativa:

1. ¿Cuándo están obligadas las entidades privadas a cumplir las normas de Publicidad Activa según el artículo 3.b de la Ley 19/2013?

Respuesta y fundamento

Cuando perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros, o cuando al menos el 40 por ciento del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Están sujetas a publicidad activa, pero no al procedimiento de derecho de acceso del Capítulo III.

2. ¿Cómo debe identificarse a los interesados en los anuncios y publicaciones de actos administrativos según la Disposición Adicional 7.ª de la LOPDGDD?

Respuesta y fundamento

Mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del DNI, NIE, pasaporte o documento equivalente (en las posiciones cuarta a séptima según la orientación de la AEPD). Si la publicación se refiere a una pluralidad de afectados, deben alternarse las cifras que se oculten, y nunca deben publicarse conjuntamente el nombre y apellidos con el número completo del documento identificativo.

3. ¿En qué consiste el bloqueo de datos personales del artículo 32 de la LOPDGDD cuando procede su rectificación o supresión?

Respuesta y fundamento

Consiste en la identificación y reserva de los datos adoptando medidas técnicas y organizativas para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización, excepto para su puesta a disposición de los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes (en particular las autoridades de protección de datos) para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas, transcurrido el cual debe procederse a su destrucción.

4. ¿Cómo se acredita administrativamente la situación de violencia de género según el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004?

Respuesta y fundamento

Mediante sentencia condenatoria por delito de violencia de género, orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios, o por informe de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente.

5. ¿Qué diferencia establece el artículo 6 de la Ley 15/2022 entre discriminación por asociación, discriminación por error y discriminación interseccional?

Respuesta y fundamento

Existe discriminación por asociación cuando una persona o grupo es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por concurrencia de una causa prevista en la ley; discriminación por error cuando se funda en una apreciación incorrecta acerca de las características de la persona o personas discriminadas; y discriminación interseccional cuando concurren o interactúan diversas causas de las previstas en la ley, generando una forma específica de discriminación (mientras que en la discriminación múltiple se suman o combinan varios motivos de forma justificable por separado).

6. ¿Qué tramos de edad establece el artículo 43 de la Ley 4/2023 para solicitar la rectificación registral de la mención relativa al sexo?

Respuesta y fundamento

1) Toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años puede solicitarla por sí misma ante el Registro Civil; 2) Las personas menores de 16 años y mayores de 14 años pueden presentar la solicitud por sí mismas, asistidas en el procedimiento por sus representantes legales; 3) Las personas con más de 12 años y menos de 14 años pueden solicitar la autorización judicial para la modificación en expediente de jurisdicción voluntaria.

7. ¿Cómo se distribuye el cupo mínimo de reserva de plazas en las Ofertas de Empleo Público para personas con discapacidad según el artículo 59 del TREBEP?

Respuesta y fundamento

Se reservará un cupo no inferior al 7 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad (grado igual o superior al 33 %), de modo que al menos el 2 por ciento de las vacantes ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las vacantes ofertadas (al menos el 5 por ciento) lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

8. ¿Qué prelación establece el artículo 14.2 de la Ley 39/2006 (LAPAD) entre el Catálogo de Servicios y las Prestaciones Económicas del SAAD?

Respuesta y fundamento

La prestación de los servicios del Catálogo (prevención y promoción de la autonomía, teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche, y atención residencial, art. 15) a través de la red pública o concertada tiene carácter prioritario. Solo cuando no sea posible la atención mediante alguno de estos servicios se reconocerá una prestación económica (vinculada al servicio, para cuidados en el entorno familiar con carácter excepcional, o de asistencia personal).

9. ¿Qué funciones desempeñan las Unidades de Igualdad previstas en el artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007 en todos los Ministerios?

Respuesta y fundamento

En todos los Ministerios se encomienda a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad: recabar la información estadística elaborada por los órganos del Ministerio y asesorar en su elaboración, realizar estudios con la finalidad de promover la igualdad, asesorar a los órganos competentes del Departamento en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género, fomentar el conocimiento por el personal del alcance y significado del principio de igualdad y velar por el cumplimiento de la LO 3/2007 y la aplicación efectiva del principio de igualdad.

10. ¿Qué diferencia establece el artículo 2 del RDL 1/2013 entre Accesibilidad Universal, Diseño Universal y Ajustes Razonables?

Respuesta y fundamento

La accesibilidad universal (art. 2.k) es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad (incluida la accesibilidad cognitiva). El diseño universal (art. 2.l) es la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen de forma que puedan ser utilizados por todas las personas sin necesidad de adaptación. Los ajustes razonables (art. 2.m) son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas a las necesidades específicas de una persona con discapacidad cuando fallan el diseño o la accesibilidad universal, siempre que no impongan una carga desproporcionada o indebida.

11. ¿Cómo se articula la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en tres niveles según los artículos 7, 9 y 10 de la Ley 39/2006 (LAPAD)?

Respuesta y fundamento

1) Un primer nivel de protección mínimo garantizado financieramente por la Administración General del Estado para cada beneficiario según su grado de dependencia (art. 9); 2) Un segundo nivel de protección acordado entre la AGE y la Administración de cada Comunidad Autónoma a través de convenios interadministrativos (art. 10); y 3) Un tercer nivel adicional de protección que puede establecer cada Comunidad Autónoma con cargo a sus propios presupuestos (art. 7.3), complementado con la aportación del beneficiario según su capacidad económica (art. 33).

Práctica original (20 preguntas tipo test y supuestos con penalización)

Resuelve las siguientes 20 preguntas antes de consultar las respuestas razonadas:

Pregunta 1

Una asociación privada sin ánimo de lucro tiene unos ingresos anuales totales de 12.000 euros, de los cuales 6.000 euros proceden de una subvención concedida por un Ministerio. Según el artículo 3.b) de la Ley 19/2013 de Transparencia, ¿está sujeta dicha asociación a las obligaciones de esta ley?

• A. No, porque solo están sujetas las entidades privadas que perciban más de 100.000 euros anuales en subvenciones públicas.
• B. Sí, está sujeta a las obligaciones de publicidad activa del Capítulo II del Título I, porque al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tiene carácter de ayuda o subvención pública (en este caso el 50 %) y alcanza como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
• C. Sí, está sujeta tanto a la publicidad activa como al procedimiento de derecho de acceso a la información pública y al régimen de buen gobierno.
• D. Solo estaría sujeta si fuera una fundación del sector público estatal.

Pregunta 2

Un ciudadano solicita a un Ministerio el acceso a un expediente finalizado que contiene datos meramente identificativos de los funcionarios que intervinieron en su tramitación por razón de su cargo y funciones públicas. Según el artículo 15.2 de la Ley 19/2013, ¿cómo debe proceder el órgano administrativo?

• A. Debe denegar el acceso salvo que cada funcionario preste su consentimiento expreso y por escrito.
• B. Con carácter general, concederá el acceso a la información, salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación.
• C. Debe inadmitir la solicitud por requerir una acción previa de reelaboración.
• D. Debe remitir la solicitud a la Agencia Española de Protección de Datos para que autorice previamente el acceso en un plazo de tres meses.

Pregunta 3

En la tramitación de una solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, el órgano competente advierte que la información solicitada afecta a derechos o intereses de un tercero debidamente identificado. Conforme al artículo 19.3 de la Ley 19/2013, ¿qué trámite procede y qué efecto tiene sobre el plazo para resolver?

• A. Se le concede un plazo de 10 días para subsanar sin suspender el plazo de un mes para resolver.
• B. Se le concede un plazo de 15 días para que pueda realizar las alegaciones que estime oportunas, quedando en suspenso el plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.
• C. Se inadmite automáticamente la solicitud de acceso para proteger al tercero.
• D. Se resuelve de inmediato y se concede al tercero un plazo de 5 días tras la entrega de la documentación.

Pregunta 4

Si transcurre el plazo máximo de un mes (sin que se haya acordado ampliación) desde la recepción de una solicitud de acceso a la información pública sin que el Ministerio haya dictado y notificado resolución expresa, ¿cuál es el sentido del silencio según el artículo 20.4 de la Ley 19/2013 y qué plazo tiene el solicitante para reclamar ante el CTBG según el artículo 24?

• A. Silencio positivo; puede exigir la entrega material en 10 días.
• B. Silencio desestimatorio (negativo); puede interponer reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
• C. Caducidad del procedimiento; debe presentar una nueva solicitud pasados seis meses.
• D. Silencio desestimatorio; dispone de 15 días naturales para interponer recurso de alzada obligatorio ante el Consejo de Ministros.

Pregunta 5

¿Cómo se nombra al Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y cuál es la duración de su mandato según el artículo 37 de la Ley 19/2013?

• A. Por el Rey a propuesta de las Cortes Generales por mayoría de 3/5 para un mandato de 9 años.
• B. Por un período no renovable de 5 años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio competente, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, previa comparecencia y refrendo del candidato por mayoría absoluta de la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.
• C. Por Orden Ministerial por un período de 4 años renovable indefinidamente.
• D. Por sorteo entre los vocales de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno por 3 años.

Pregunta 6

De acuerdo con el artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), ¿cuál de las siguientes bases jurídicas de licitud del tratamiento NO es aplicable al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones?

• A. El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (art. 6.1.e RGPD).
• B. El cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (art. 6.1.c RGPD).
• C. La satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero (art. 6.1.f RGPD).
• D. La protección de intereses vitales del interesado o de otra persona física (art. 6.1.d RGPD).

Pregunta 7

Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), ¿a partir de qué edad se considera fundado en su propio consentimiento el tratamiento de los datos personales de un menor en España?

• A. A partir de los 16 años en todo caso.
• B. Cuando sea mayor de 14 años (salvo en los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela).
• C. A partir de los 12 años cumplidos.
• D. Únicamente al alcanzar la mayoría de edad a los 18 años.

Pregunta 8

Cuando un ciudadano ejerce su derecho de acceso o de rectificación ante un organismo público conforme al artículo 12.3 del RGPD, ¿en qué plazo máximo debe responder el responsable del tratamiento y cuánto puede prorrogarse?

• A. En el plazo máximo de 10 días hábiles, prorrogable por 5 días más.
• B. Sin dilación indebida y, a más tardar, en el plazo de 1 mes a partir de la recepción de la solicitud, prorrogable otros 2 meses en caso necesario por la complejidad y el número de solicitudes (informando de la prórroga en el primer mes).
• C. En el plazo de 3 meses improrrogables.
• D. En el plazo de 72 horas desde el registro de entrada.

Pregunta 9

Un Ministerio sufre una brecha de seguridad que afecta a datos personales de ciudadanos y constata que entraña un riesgo para sus derechos y libertades. Según el artículo 33 del RGPD, ¿en qué plazo máximo debe notificarla a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)?

• A. Sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella.
• B. En el plazo máximo de 24 horas naturales bajo pena de nulidad.
• C. En el plazo de 15 días hábiles tras finalizar la auditoría interna.
• D. Dentro del mes siguiente a la resolución del expediente disciplinario.

Pregunta 10

Si una Administración Pública del artículo 77.1 de la LOPDGDD comete una infracción muy grave o grave de la normativa de protección de datos, ¿qué sanción le impone la Agencia Española de Protección de Datos según el artículo 77.2 de la LOPDGDD?

• A. Una multa administrativa de hasta 20 millones de euros con cargo al Fondo de Contingencia.
• B. Una resolución sancionadora de apercibimiento, estableciendo las medidas que proceda adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción, sin imponer sanción económica pecuniaria.
• C. La disolución inmediata del órgano administrativo infractor.
• D. La suspensión de empleo y sueldo directa del titular del Ministerio por la AEPD.

Pregunta 11

De acuerdo con la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007 y la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria, ¿qué se entiende legalmente por «presencia o composición equilibrada» de mujeres y hombres?

• A. La paridad aritmética exacta del 50 % para cada sexo sin margen de variación alguno.
• B. La presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60 por ciento ni sean inferiores al 40 por ciento.
• C. Que al menos el 33 por ciento de los miembros pertenezcan al sexo menos representado.
• D. Que la presidencia del órgano rote anualmente entre un hombre y una mujer.

Pregunta 12

Según el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007 (tras el Real Decreto-ley 6/2019), ¿qué empresas están obligadas a elaborar y aplicar un Plan de Igualdad?

• A. Únicamente las empresas de más de 250 personas trabajadoras.
• B. Todas las empresas de 50 o más personas trabajadoras.
• C. Todas las empresas a partir de 10 personas trabajadoras.
• D. Solo las sociedades mercantiles estatales y los organismos autónomos.

Pregunta 13

Una funcionaria de carrera de la AGE es víctima de violencia de género y solicita la excedencia prevista en el artículo 89.5 del TREBEP. ¿Qué requisitos de antigüedad previa se le exigen y qué derechos de reserva de puesto y retribuciones tiene?

• A. Debe acreditar 5 años de servicios previos; tiene reserva de puesto durante 1 año pero sin retribución alguna.
• B. No necesita haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos ni plazo de permanencia; tiene reserva del puesto de trabajo durante los 6 primeros meses (prorrogable por el juez por periodos de 3 meses hasta un máximo de 18 meses) y derecho a percibir las retribuciones íntegras durante los 2 primeros meses.
• C. Requiere 2 años de servicio activo; percibe el 75 % de las retribuciones básicas durante 6 meses.
• D. No requiere antigüedad previa, pero pierde el cómputo de trienios y la reserva de puesto desde el primer día.

Pregunta 14

Según el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, ¿en qué condiciones tienen derecho las mujeres víctimas de violencia de género a percibir la ayuda social de pago único?

• A. Siempre que presenten denuncia, cualquiera que sea su nivel de renta y su situación laboral.
• B. Cuando se sitúen en un nivel de rentas mensuales no superior al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional (excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias) y se presuma que, debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, tendrán especiales dificultades para obtener un empleo.
• C. Únicamente cuando hayan agotado previamente la pensión de jubilación contributiva.
• D. Cuando sus rentas superen el triple del IPREM y tengan más de 65 años.

Pregunta 15

En el marco de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, una persona sufre un trato desfavorable porque la empresa cree equivocadamente que padece una determinada enfermedad o condición de salud que en realidad no tiene. ¿Cómo califica el artículo 6.2.b) de la Ley 15/2022 esta actuación?

• A. Como una conducta atípica no protegida por la ley al no concurrir realmente la enfermedad.
• B. Como discriminación por error, definida como aquella que se funda en una apreciación incorrecta acerca de las características de la persona o personas discriminadas.
• C. Como discriminación por asociación.
• D. Como una acción positiva legítima.

Pregunta 16

Conforme a los artículos 15 y 43 de la Ley 4/2023 (Ley Trans y de garantía de los derechos de las personas LGTBI), ¿a partir de qué plantilla deben contar las empresas con un conjunto planificado de medidas y un protocolo frente al acoso LGTBI, y a partir de qué edad puede una persona de nacionalidad española solicitar por sí misma y sin asistencia de representantes legales la rectificación registral de la mención relativa al sexo?

• A. Empresas de más de 250 personas trabajadoras; edad registral a partir de los 18 años.
• B. Empresas de más de 50 personas trabajadoras; edad registral a partir de los 16 años (entre 14 y 16 años puede solicitarla asistida por sus representantes legales, y entre 12 y 14 años mediante autorización judicial).
• C. Empresas de más de 100 personas trabajadoras; edad registral a partir de los 14 años sin asistencia.
• D. Todas las empresas desde 1 trabajador; edad registral a partir de los 12 años sin autorización judicial.

Pregunta 17

Tras la reforma del artículo 49 de la Constitución Española publicada en febrero de 2024 y conforme al artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013 y al artículo 59 del TREBEP, señale la afirmación correcta sobre los derechos de las personas con discapacidad:

• A. El artículo 49 CE reformado ordena atender particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad; el RDL 1/2013 reconoce la condición legal de persona con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %; y el art. 59 TREBEP reserva un cupo no inferior al 7 % de las vacantes en las OEP (al menos el 2 % para discapacidad intelectual y el resto para cualquier otro tipo de discapacidad).
• B. El grado mínimo de discapacidad es del 50 % y el cupo de reserva en las OEP es del 5 % (1 % para discapacidad intelectual).
• C. La reforma del artículo 49 CE de 2024 se tramitó por la vía agravada del artículo 168 CE con disolución de las Cortes.
• D. Las empresas privadas de 50 o más trabajadores deben reservar un 10 % de su plantilla a trabajadores con discapacidad.

Pregunta 18

Según el Real Decreto 366/2007, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado, ¿qué elementos deben garantizarse en la configuración de los puestos de atención de las Oficinas de Atención al Ciudadano?

• A. Que todas las oficinas se ubiquen exclusivamente en plantas sótano o entreplantas sin acceso directo desde la vía pública.
• B. Mostradores y puntos de atención adaptados a usuarios en silla de ruedas, señalización visual, acústica y táctil (Braille y altorrelieve), sistemas de bucle de inducción magnética para personas usuarias de prótesis auditivas y asistencia del personal para la cumplimentación de impresos.
• C. Que las personas con discapacidad solo puedan relacionarse por vía telefónica sin atención presencial.
• D. La exención de firma en todos los contratos administrativos de obras.

Pregunta 19

De acuerdo con los artículos 5 y 26 de la Ley 39/2006 (LAPAD), ¿qué requisito de residencia en España se exige para ser titular de los derechos del SAAD y cómo se define el Grado II (Dependencia severa)?

• A. Residencia de 10 años ininterrumpidos; el Grado II requiere apoyo indispensable y continuo de otra persona por pérdida total de autonomía.
• B. Residir en territorio español y haberlo hecho durante 5 años, de los cuales 2 deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud; el Grado II (Dependencia severa) se da cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
• C. Residencia de 1 año; el Grado II consiste en necesitar ayuda al menos una vez al día.
• D. No se exige periodo previo de residencia; existen cuatro grados de dependencia.

Pregunta 20

En el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) regulado en la Ley 39/2006 (LAPAD), ¿cuáles son los cinco servicios que integran el Catálogo de servicios del artículo 15 y qué tres prestaciones económicas regulan los artículos 17 a 19?

• A. Servicios: sanidad exterior, pensiones no contributivas, desempleo, ingreso mínimo vital y beca escolar; prestaciones: subsidio familiar, renta activa e indemnización a tanto alzado.
• B. Servicios del Catálogo (prioritarios): prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche, y atención residencial; prestaciones económicas: vinculada al servicio (art. 17), para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales (art. 18, excepcional) y de asistencia personal (art. 19).
• C. Las prestaciones económicas tienen carácter prioritario sobre los servicios del Catálogo en todos los grados.
• D. La prestación económica de asistencia personal solo puede concederse a mayores de 80 años en Grado III.

Respuestas razonadas

Pregunta 1: B

• B. Aplica con exactitud el segundo supuesto del artículo 3.b) de la Ley 19/2013: cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tenga carácter de ayuda o subvención pública (6.000 € sobre 12.000 € es el 50 %) y alcancen como mínimo 5.000 €.
• A, C y D. Las entidades privadas del artículo 3 están sujetas únicamente a las obligaciones de publicidad activa del Capítulo II, no al derecho de acceso ni al Título II de Buen Gobierno.

Pregunta 2: B

• B. Recoge literalmente la regla del artículo 15.2 de la Ley 19/2013 para los datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.
• A, C y D. El consentimiento expreso se reserva a los datos especialmente protegidos del artículo 15.1, y no se requiere autorización previa de la AEPD para resolver solicitudes de acceso.

Pregunta 3: B

• B. Conforme al artículo 19.3 de la Ley 19/2013, se concede un plazo de 15 días a los terceros afectados para formular alegaciones, quedando suspendido el plazo para resolver.
• A, C y D. El plazo de 10 días corresponde a la subsanación de solicitudes imprecisas del artículo 19.2, no al trámite de audiencia a terceros.

Pregunta 4: B

• B. El artículo 20.4 de la Ley 19/2013 establece el silencio desestimatorio (negativo) y el artículo 24.2 fija el plazo de un mes para interponer la reclamación potestativa ante el CTBG.
• A, C y D. En el derecho de acceso a la información pública el silencio nunca es positivo y la reclamación ante el CTBG sustituye a los recursos administrativos ordinarios (art. 23.1).

Pregunta 5: B

• B. Sintetiza con precisión el artículo 37.1 de la Ley 19/2013: mandato de 5 años no renovable, nombrado por Real Decreto previa comparecencia y refrendo por mayoría absoluta de la Comisión correspondiente del Congreso.
• A, C y D. Confunden su régimen con el del Tribunal Constitucional (9 años por 3/5) o el de otros órganos administrativos.

Pregunta 6: C

• C. El párrafo segundo del artículo 6.1 del RGPD dispone expresamente que la letra f) (intereses legítimos del responsable o de un tercero) no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.
• A, B y D. Son las bases jurídicas habituales que legitiman la actuación de las Administraciones Públicas (especialmente las letras c y e del art. 6.1 RGPD).

Pregunta 7: B

• B. Así lo establece el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), haciendo uso del margen permitido por el artículo 8.1 del RGPD (entre 13 y 16 años).
• A, C y D. No se corresponden con el límite de 14 años fijado en el ordenamiento español por la LOPDGDD.

Pregunta 8: B

• B. Es el plazo general establecido en el artículo 12.3 del RGPD para atender cualquiera de los derechos de los artículos 15 a 22 del RGPD.
• A, C y D. Confunden el plazo de respuesta al ejercicio de derechos (1 mes prorrogable otros 2) con el plazo de notificación de brechas a la AEPD (72 horas) o con plazos de la Ley 39/2015.

Pregunta 9: A

• A. Reproduce la obligación y el plazo máximo de 72 horas del artículo 33.1 del RGPD.
• B, C y D. Alteran el plazo de 72 horas fijado en el RGPD para la notificación a la autoridad de control.

Pregunta 10: B

• B. Conforme al artículo 77.2 de la LOPDGDD, las autoridades y organismos públicos del artículo 77.1 no reciben multas pecuniarias, sino una resolución de apercibimiento con las medidas correctoras pertinentes.
• A, C y D. Las multas pecuniarias del artículo 83 RGPD no se imponen al sector público administrativo español en virtud del artículo 77 LOPDGDD.

Pregunta 11: B

• B. La Disposición Adicional Primera de la LO 3/2007 y la LO 2/2024 definen la presencia o composición equilibrada mediante la horquilla del 40 % al 60 % para cada sexo.
• A, C y D. No se corresponden con la definición legal de presencia equilibrada.

Pregunta 12: B

• B. Tras la reforma del artículo 45.2 de la LO 3/2007 por el Real Decreto-ley 6/2019 (y culminados sus periodos transitorios), están obligadas todas las empresas de 50 o más personas trabajadoras.
• A, C y D. El umbral de 250 trabajadores era el anterior a la reforma de 2019.

Pregunta 13: B

• B. Recoge íntegramente el régimen del artículo 89.5 del TREBEP para las funcionarias víctimas de violencia de género (o de violencia sexual).
• A, C y D. La excedencia por violencia de género no exige antigüedad previa, mantiene reserva de puesto de 6 a 18 meses y garantiza retribuciones íntegras durante los dos primeros meses.

Pregunta 14: B

• B. Son los requisitos acumulativos establecidos en el artículo 27.1 de la Ley Orgánica 1/2004.
• A, C y D. Alteran el umbral del 75 % del SMI o los requisitos de especial dificultad de inserción laboral del artículo 27 LO 1/2004.

Pregunta 15: B

• B. Aplica con exactitud la definición de discriminación por error del artículo 6.2.b) de la Ley 15/2022, en relación con la enfermedad o condición de salud protegida en el artículo 2.1.
• A, C y D. La discriminación por asociación (art. 6.2.a) se produce por la relación con otra persona en quien concurre la causa, no por una apreciación errónea sobre la propia persona.

Pregunta 16: B

• B. Sintetiza con exactitud el artículo 15.1 de la Ley 4/2023 (empresas de más de 50 personas trabajadoras) y los tramos de edad del artículo 43 de la Ley 4/2023 (16 años por sí misma; 14 a 16 asistida por representantes legales; 12 a 14 con autorización judicial).
• A, C y D. Alteran el umbral de plantilla del artículo 15 o las edades del artículo 43 de la Ley 4/2023.

Pregunta 17: A

• A. Integra correctamente la nueva redacción del artículo 49 CE (reforma de febrero de 2024 tramitada por el art. 167 CE), el artículo 4.2 del RDL 1/2013 (grado >= 33 %) y el artículo 59.1 del TREBEP (cupo >= 7 %, con al menos 2 % para discapacidad intelectual).
• B, C y D. En las empresas de 50 o más trabajadores la reserva es del 2 % (art. 42 RDL 1/2013), y la reforma del art. 49 CE se aprobó por la vía ordinaria del art. 167 CE.

Pregunta 18: B

• B. Recoge las prescripciones técnicas y de atención personalizada de los artículos 5 a 14 del Real Decreto 366/2007.
• A, C y D. El artículo 4 del RD 366/2007 exige precisamente que las oficinas se ubiquen preferentemente en planta a nivel de la vía pública y garantiza la atención presencial accesible.

Pregunta 19: B

• B. Aplica fielmente el requisito de residencia del artículo 5.1.c) de la Ley 39/2006 (5 años, con 2 inmediatamente anteriores) y la definición de Grado II (Dependencia severa) del artículo 26.1.b) de la LAPAD.
• A, C y D. El apoyo indispensable y continuo varias veces al día por pérdida total de autonomía corresponde al Grado III (Gran dependencia), y la ayuda al menos una vez al día al Grado I (Dependencia moderada).

Pregunta 20: B

• B. Enumera los cinco servicios del artículo 15 de la Ley 39/2006 (que gozan de prioridad conforme al art. 14.2 LAPAD) y las tres prestaciones económicas de los artículos 17, 18 y 19 (estando la asistencia personal del art. 19 abierta a todos los grados de dependencia).
• A, C y D. Invierten la prioridad legal de los servicios sobre las prestaciones económicas o restringen indebidamente la prestación de asistencia personal.